La candidatura de IU Los Verdes a través de su número dos, María José Bueno, presento tres alegaciones a los presupuestos municipales del 2007. En el pleno celebrado el 29 de Marzo el equipo de Gobierno de El Espinar (PP y ASí) desestimó las alegaciones presentadas al presupuesto de 2007 y lo aprobó de forma definitiva. Por su parte, IU votó en contra y el PSOE no votó la propuesta, al demandar que se votara individualmente cada una de las alegaciones.
En una de las alegaciones se demandaba una partida para la realización de un estudio de movilidad intra e interurbano para todo el municipio, recogiendo las demandas de los usuarios del transporte público expresadas a través de su asociación. Otra de las alegaciones se refería a la implantación de la televisión digital terrestre (TDT) para todo el municipio, demanda de muchos vecinos que no pueden disfrutar de las posibilidades que ofrece esta tecnología. Y la tercera exigíala prestación de servicios municipales y especialmente la vigilancia urbanística en el núcleo de Los Ángeles de San Rafael por parte del Ayuntamiento de El Espinar (más teniendo en cuenta un informe de la asesoría jurídica donde se indica que la urbanización “parece tener graves deficiencias”) tal como obligan las leyes régimen local y urbanismo, después de que los vecinos entregaron, en septiembre de 2006, unas 1.200 firmas al alcalde solicitando los mismos
El alcalde de El Espinar, Juan Martín Montejo, explicó que las alegaciones fueron desestimadas, en base a la normativa de entidades locales, que no obliga prestar los servicios referidos a las dos primeras alegaciones. A lo que habría que recordar que existen innumerables servicios que no es obligatorio prestar (escuela y banda de música, patrocinio de fiestas, etc) pero que se hace en respuesta a la demandas de los vecinos.
El portavoz municipal del PSOE, David Rubio aseguró que hubiera apoyado las dos primeras, y hubiera votado en contra de la tercera. Volviendo a hacer causa común con el PP y ASI en el tema de Los Angeles.
Referente a la tercera alegación el alcalde explicó que el Ayuntamiento suscribió un convenio en el año 66 con la promotora de Jesús Gil, por el cual el propietario o propietarios de los terrenos asumirían la gestión de los servicios. En el año 1994, según añadió Juan Martín, el convenio fue renovado con cuatro empresas de Oscar Gil entendiendo que el Ayuntamiento puede hacer cesión de sus obligaciones fijadas por ley a empresas privadas mediante un simple convenio.
Pudimos comprobar la falta de interés por parte de los grupos municipales del PP, ASI y PSOE para que los servicios municipales se presten en el núcleo de Los Ángeles de San Rafael al igual que en el resto del municipio. Y para ello esgrimieron unos informes realizados por los departamentos de Intervención y Secretaría que en nada entraban en la cuestión.
En el informe de Intervención se dice que los gastos se clasifican “funcionalmente (según su finalidad) y económicamente (según su naturaleza económica), sin que exista una clasificación de los mismos a nivel territorial”. También hace referencia a los servicios municipales obligatorios según la ley Reguladora de Régimen Local (alumbrado, cementerio, recogida de residuos, abastecimiento domiciliario de agua potable, etc) sin establecer discriminaciones en los distintos núcleos de población. El informe de Secretaría parte de la búsqueda de argumentos jurídicos contradictorios en base a los cuales el ayuntamiento puede negarse a la prestación de los citados servicios. Ello puede ser de interés en caso de presentarse un contencioso ante los tribunales, pero de igual forma se puede encontrar base jurídica que permita y obligue al ayuntamiento a asumir dichos servicios. A juicio de Izquierda Unida Los Verdes la cuestión no es de carácter técnico ni jurídico sino de voluntad política y de justicia. Entendemos que no se puede tener un núcleo de población en el que sus vecinos solo tengan obligaciones (tributarias, administrativas, etc) para con el ayuntamiento y no reciban del mismo ninguna contraprestación por la vía de los servicios. Es anticonstitucional porque todos somos iguales en derechos y deberes con independencia del lugar de residencia (argumento muy escuchado en el debate sobre el estatuto catalán) y profundamente injusto.
Esperamos que en las próximas elecciones municipales los vecinos tomen nota de la actitud de los distintos grupos políticos frente a sus reivindicaciones y decidan el sentido de su voto en función del grado de compromiso que unos y otros adquirimos frente a las mejoras de los servicios municipales, razón de ser del ayuntamiento y de los impuestos y tasas que pagamos.
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